La modalidad de lavado de dinero en sindicatos fue documentada por las autoridades mexicanas desde el 2016 y recientemente, tres años después, se detectó que había que mejorar la ley para tener una mayor vigilancia sobre estas organizaciones.

En el 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó y detalló en un documento la tipología que fue utilizada por un sindicato, sin mencionar el nombre, para lavar dinero mediante diversas operaciones para beneficio del líder sindical.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso este medio, “uno de los sindicatos de trabajadores más importantes del país, y el más grande en su ramo” tenía registrado un gran número de cuentas bancarias a su nombre; sin embargo, eran dos, compuestas por los recursos de los trabajadores que representaba, las que se usaban para cubrir todo lo relacionado para su operatividad y en donde se identificaron operaciones por montos muy elevados, que no eran “acordes al perfil del sindicato”.

Según lo revelado por la UIF, esas dos cuentas del sindicato fueron utilizadas para sustraer los recursos de dicha organización, mediante la expedición de cheques y transferencias hacia las cuentas de tres personas físicas y de una empresa, que a su vez utilizaban los recursos para pagos de servicios en compañías nacionales y extranjeras con giros de distinta índole, que nada tenían que ver con la operatividad de un sindicato.

El documento explica que estas empresas que recibían los recursos se dedicaban a la renta o venta de aviones ejecutivos, clínicas de belleza, hospitales en el extranjero, tiendas departamentales de lujo, galerías de arte, tiendas de libros, agentes inmobiliarios, entre otras.

“Ninguna operación resultaba ser acorde a la actividad del sindicato, no obstante, como referencia de algunas transferencias se encontraba el nombre de la persona que fungía como líder sindical”, se puede leer en el documento.

Respecto a las transferencias internacionales que salían de las cuentas principales del sindicato, éstas tenían como destino países europeos, pero los recursos retornaron inmediatamente al país en distintas cuentas relacionadas con los sujetos involucrados. “Las tres personas y la empresa operaron de manera conjunta para realizar pagos personales de bienes y servicio de lujo en beneficio y nombre de la persona que fungía como líder sindical”. La documentación de la tipología se dio en el 2016 y fue hasta este 2019 que la UIF detectó que, con el fin de mejorar la ley antilavado y por ende el marco legal para combatir el blanqueo de capitales, es necesario que dicha instancia pueda requerir información en cualquier momento sobre los sindicatos y sus dirigentes, según un documento de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos.

Maribel Vázquez, presidenta de consejo de la consultoría GMC360, indicó que, aunque la documentación de esta tipología de blanqueo lleva tres años, hay mecanismos de lavado en ella que posiblemente sigan vigentes en dichas organizaciones e incluso algunos podrían haber evolucionado para dificultar la detección del ilícito.

Fideicomisos con más información

Otra de las áreas de oportunidad detectadas por la UIF para mejorar el régimen del blanqueo de capitales es que los fideicomisos que realicen alguna actividad vulnerable, como la compra o renta de bienes inmuebles, tengan una mayor vigilancia por parte de la autoridad.

Con la reforma, se obligaría a las partes que componen estos instrumentos (llamados fideicomitentes) a estar dadas de alta en un padrón, con el fin de estar detectados por la autoridad fiscal y cumplir con todas las obligaciones antilavado como actividad vulnerable.

En México, las instituciones financieras son las únicas que pueden constituir fideicomisos, es decir, ser fiduciarios, por lo que tienen la obligación de identificar las partes de estos instrumentos. Pese a esto, el Grupo de Acción Financiera Internacional indicó que, si una de estas partes es una persona moral, las fiduciarias no van más allá para detectar al beneficiario final de la misma, por lo que se pueden disfrazar recursos ilícitos como legales.

Firman convenio de colaboración

STPS y UIF van juntas contra outsourcing ilegal

Luisa maría Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que “la subcontratación ilegal se ha expandido de forma muy acelerada en los últimos años. Ha sido una vía para evadir responsabilidades laborales, fiscales y de seguridad social”, lo que motivó la firma de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El objetivo central del convenio con la UIF, que encabeza Santiago Nieto, es combatir la subcontratación de manera coordinada; en ese sentido, la secretaría de Trabajo informó mediante un comunicado de prensa que el acuerdo será para “intercambiar información y hacer una estrategia conjunta que permita mayor eficiencia en el combate a esquemas fraudulentos vinculados a la subcontratación”. En este periodo ordinario de sesiones, el Senado tiene como prioridad regular la subcontratación. Los senadores Patricia Mercado y Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo, se encuentran desarrollando propuestas que permitan eliminar las malas prácticas en la subcontratación.

Gómez Urrutia destacó que hay una evasión fiscal de entre 6,000 y 8,000 pesos por trabajador.

En el 2012 se incluyó, por primera vez, la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo, propuesta por la entonces diputada Luisa María Alcalde Luján, y se incluyeron tres requisitos para su regulación: no se puede abarcar la totalidad de las actividades en un centro de trabajo; se tiene que justificar el carácter especializado de los empleados y no podrán realizar tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores en nómina; sin embargo, hasta la fecha no ha dado resultados. (Con información de María del Pilar Martínez)